¿Son adecuados los indicadores disponibles en España para evaluar el sistema de atención a personas mayores en situación de dependencia?

¿Son adecuados los indicadores disponibles en España para evaluar el sistema de atención a personas mayores en situación de dependencia?

 

Vanessa Davey. Investigadora social. Doctora en Políticas Sociales (London School of Economics, 2018). Miembro de Re-FIT Grupo de Investigación, Parc Sanitari Pere Virgili & Vall d’Hebrón Institute of Research (VHIR), Barcelona, España. vanessa.davey@vhir.org

 

Descarga del Informe nº 28: “Situación en España de la evaluación de sistemas de atención a personas mayores en situación de dependencia(pdf, 1,2 mb).

 

¿Son adecuados los indicadores disponibles en España para evaluar el sistema de atención a personas mayores en situación de dependencia? Claramente no, y sin un mayor compromiso para recopilar mejores datos, este problema no tiene remedio. El papel de las cifras y evaluaciones debería ser iluminar y no camuflar. Debería ser estimular a las CC.AA. a mejorar su gestión y no incentivar la inercia y el formalismo. Cualquier intento de mejorar la financiación del sistema de atención a personas mayores en situación de dependencia debe acompañarse también de mejoras en la forma de evaluar su efectividad. Para percibir esto es necesario considerar cómo encajan entre sí las distintas piezas del rompecabezas de la atención.

Los indicadores de política social pueden tener dos funciones. La primera es transmitir información sobre el estado del sistema. La segunda es servir como incentivos en la ejecución de la política social. Esta segunda función es más exigente y difícil, pero tiene mayor importancia estratégica. Por ejemplo, si el objetivo es maximizar la atención al dependiente en la comunidad, los indicadores escogidos para valorar el sistema deben también contribuir a tal fin.

La situación actual en España está bastante alejada de este ideal. El objetivo de incrementar la atención en la comunidad no siempre informa la selección de instrumentos y políticas sociales y es sistemáticamente ignorado a la hora de seleccionar indicadores de valoración. Esto queda claro al analizar el desarrollo de los ‘servicios de atención a domicilio’ (SAD), el papel de las prestaciones económicas y el impacto de los copagos.

Estos tres ejemplos ilustran casos donde cambios en los indicadores e información recogida para valorar el desarrollo de los servicios sociales en las comunidades autónomas (CCAA), podrían ayudar en la organización de los servicios sociales, aclarando las expectativas estratégicas sobre los mismos e impulsando así a las CCAA a demostrar su capacidad de ampliar opciones que promuevan la permanecía en la comunidad de las personas con dependencia.

Para que tales cambios sean realmente útiles, se ha de reconocer -y encontrar una solución- para la barrera más importante en la valoración de los servicios sociales: la falta de coherencia entre las unidades de valoración (las CCAA) y las unidades de gestión, prestación y financiación de servicios dentro de cada CC.AA. Es sabido que las disfunciones y complejidad administrativa española suponen un problema estructural para el desarrollo de los servicios sociales.

Diez CCAA están divididas en provincias, con diferencias significativas tanto en el desarrollo de los servicios sociales (tales como la inversión en atención comunitaria versus atención residencial; el equilibrio entre la gestión directa y la gestión indirecta) como en sus características socio-demográficas, (densidad de población, pirámides de población, etc.); y en su asignación de responsabilidades. La combinación de datos de unidades administrativas tan distintas conduce a datos agregados muy alejados de las realidades locales. Esto promueve el escepticismo y la desconfianza en las evaluaciones de las personas a quien más debían interesar -los administradores locales de servicios. Así el impacto que pueden tener los indicadores en el desarrollo de los servicios acaba siendo nulo.

Afortunadamente, la solución de este problema parece relativamente sencilla: recopilar y mantener datos a nivel provincial. Lo importante es tener presente que la primera regla de cualquier sistema de valoración es que debe generar confianza tanto en quienes proporcionan los datos como en quienes examinan sus resultados.

También es importante reconocer los límites inherentes a las medidas cuantitativas de valoración. Un sistema de valoración efectivo necesita incorporar un diálogo abierto sobre tales límites. La interpretación de los resultados siempre requiere comprender su contexto (a través de un proceso de evaluación cualitativo). No se trata de buscar excusas para las CCAA (o las provincias) que no cumplan con los objetivos acordados sino de comprender mejor los desafíos enfrentados en la práctica y brindar la oportunidad de aprender de las experiencias de otros.

Cuando se trata específicamente de la atención en la comunidad, esto es mucho más fácil si se parte de un consenso en torno a objetivos y expectativas generales, en lugar de fijarse sólo en objetivos específicos (como la cobertura e intensidad de SAD). Muchas áreas en España sufren de baja densidad de población y despoblación que crean desafíos particulares para desarrollar SAD y para garantizar un servicio flexible y receptivo. Otras se ven obstaculizados por inercias que hacen difícil alejarse de las tendencias históricas; mientras que otras están atrapadas por las grandes disparidades entre la financiación y el coste de vida en las principales ciudades. Cada uno de estos distintos desafíos requiere su propio conjunto de soluciones. Nada en el sistema actual favorece este tipo de diálogo.

En conclusión: diseñar un modelo de valoración que respalde cambios estratégicos en la organización de los servicios sociales en España no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible y debería, tal vez, incluirse entre las prioridades indicadas en Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.

 

Figura 1: ver explicaciones en el pdf del Informe nº 28.

Descarga del Informe nº 28: “Situación en España de la evaluación de sistemas de atención a personas mayores en situación de dependencia(pdf, 1,2 mb).

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