Tortosa Chuliá, Mª Ángeles. Departamento Economía Aplicada. Universitat de València.
Publicado originalmente en “Noticias de Política Económica”, abril de 2020, número extraordinario (ISSN: 2340-8650). https://bit.ly/2MHkVqf
El coronavirus que ha provocado la enfermedad Covid-19, convertida ya en pandemia, o cualquier otro riesgo de salud pública, siempre afectará a los más débiles de la población que cuentan con múltiples patologías y son dependientes en sus actividades de la vida diaria. Muchos de ellos están atendidos en sus domicilios o bien en residencias de personas mayores, dentro de la red de servicios sociales de nuestro país (SAAD, Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia).
En 2019, la red completa de centros residenciales en España ascendía a 5.400, de los que el 72 por ciento eran privados, ofertando unas 372.000 plazas, y cubriendo a 4,1 por ciento de la población de más de 65 años, pero con grandes disparidades entre Comunidades autónomas (CCAA) (Abellán et al, 2019).
A pesar de ser un conjunto de servicios ambicioso, hace tiempo que necesita de una importante revisión, tal como reclaman Ramírez, García y Fuentes (2020) y Jiménez y Viola, (2019), pidiendo un Pacto para la Dependencia. La acumulación de una serie de deficiencias de inversión en las residencias y de coordinación con los servicios sanitarios se ha mostrado de manera inhumana en este escenario del Covid-19.
El perfil de los usuarios de estos centros es muy sanitario y, tanto es así, que se pide que estos centros sean calificados de sociosanitarios (Edad y Vida, 2015). Es obvio que en estos centros es necesaria una atención sanitaria; en cambio, en muchas residencias no hay contratado personal sanitario (médicos o enfermeras), o solo cuentan con ellos parcialmente, salvo en las más grandes donde existe servicio enfermería 24h o algún médico a tiempo completo. Se supone que la carencia de estos profesionales es porque básicamente se necesitan gerocultores, y en caso de necesitar atención sanitaria se puede colaborar con los médicos de atención primaria u hospitales de zona. Aunque, en realidad, esta conexión con los servicios sanitarios suele ser deficitaria y muy dispar según las CCAA.
Curiosamente, estos residentes pagan altos precios o copagos por recibir servicios de tipo social y algunos sanitarios en el centro, pero no reciben la atención sanitaria de igual modo que cualquier otro español, a pesar de tener derecho. Estamos ante una situación injusta en la que las contingencias sanitarias de estos residentes no se cubren, o solo una mínima parte, ni por el presupuesto del SAAD, ni por el presupuesto sanitario público. Solo algunas CCAA tienen desarrolladas legislaciones más avanzadas en materia de prestaciones farmacéuticas y de coordinación con centros salud u hospitalarios, o de prevención, de atención al final de la vida, pero la tónica general sigue siendo insuficiente, y las compras centralizadas de materiales son ineficientes.
La aparición del coronavirus ha evidenciado todas estas carencias de golpe y ha mostrado esa falta de cobertura sanitaria necesaria en las residencias. Y el desastre está siendo evidente: miles de muertos y contagiados, casi la mitad de los muertos por coronavirus en España proceden de las residencias (Sosa, 2020a) (Bocanegra, 2020).
Pero no solo las pérdidas duelen, también aflige escuchar voces culpabilizando a las residencias de estas muertes por su falta de cuidados, cuando la realidad es la heroicidad de sus trabajadores al hacer frente a una situación muy difícil sin medios sanitarios (Ramírez, 2020). Las reacciones del sector de servicios sociales y de las residencias ha sido, por un lado, de indignación y petición a los gobernantes de respeto al trabajo, y, por otro lado, de suministro de forma inmediata de los medios de prevención (mascarillas, guantes, tests, respiradores, etc.) y la atención sanitaria correspondiente, así como de un plan de actuación único para el sector (SEGG, 2020).
Una de las carencias es la inexistencia de estadísticas nacionales de recursos y resultados (a diferencia de lo que sucede con la asistencia sanitaria), por lo que se pidió a las CCAA que diesen datos cuanto antes para saber a cuánto ascendía la magnitud del desastre. A continuación, fueron llegando otras soluciones o parches sanitarios de emergencia y que seguían siendo improvisados y escasos (Sosa, 2020b): suministro de materiales básicos de prevención, separación de los afectados dentro de las residencias, autodefensa y reclusión del personal y de los usuarios aislándose del exterior, desinfección de los centros y traslado de cadáveres por la Unidad Militar de Emergencia (UME). Luego llegó la asignación de algunos técnicos sanitarios a los centros, los traslados de afectados a los hospitales, o bien la transformación de residencias en hospitales, o la intervención gubernamental del centro.
Las medidas fueron adoptadas en un contexto de desprestigio generalizado del sector. Se caracterizaron por su lentitud debido a que los hospitales y centros sanitarios tuvieron prioridad en su adquisición, al tiempo que las compras se realizaron de manera ineficiente por una central de compras. Posteriormente, se adoptaron medidas extraordinarias (¡los militares entrando en los centros!) e invasivas, pues terceros ajenos a los centros acabaron tomando decisiones y cuidando a los enfermos. Solo a principios de abril se vislumbró un atisbo de normalidad tras unas jornadas caóticas y dolorosas. Este panorama da para mucha reflexión, y urge la revisión del futuro funcionamiento del SAAD y las residencias, pero sobretodo de replantear la conexión entre los servicios sanitarios y sociales.
Las medidas que se plantean para el futuro son conocidas, se han discutido, e incluso evaluado, y ya no admiten demora. Se ha insistido en la integración/coordinación de los servicios sociales y sanitarios, es decir, la colaboración entre la atención primaria y las residencias, así como en los centros de día y la ayuda domicilio, pero también entre las residencias/centros de día y los servicios de centros sanitarios especializados y hospitales; así como el desarrollo efectivo de los servicios de geriatría hospitalarios (Fundación Edad & vida, 2015). La telemedicina podría generar un eficiente uso de los recursos sanitarios y sociales y generar algunos ahorros.
Sin embargo, parece que esa integración o coordinación no es factible, puesto que con el transcurso de los años todavía no se han resuelto las múltiples barreras a su desarrollo y también lo dificulta la multiplicidad de decisores diversos en las CCAA. Tal vez sea momento de pensar en la introducción de servicios sanitarios básicos en todas las residencias o que, incluso, las residencias puedan ser parte de los servicios sanitarios (por ejemplo, introduciendo servicios de atención primaria geriátrica, unidades de cuidados paliativos, o unidades de rehabilitación).
No hay que olvidar la mejora de la gestión de las prestaciones farmacéuticas, así como las compras de los materiales sanitarios y de prevención (Fundación Edad & vida, 2019). La compra centralizada de los mismos no ahorra tanto, y produce retrasos, no contempla las especiales realidades de cada centro, muestra una desconfianza generalizada ante los gerentes de los centros, y favorece el enriquecimiento de unos pocos proveedores. Así lo está demostrando esta crisis del Covid-19 (Sevillano, 2020).
Urge revisar el modelo de residencias actual para que se modernice e implante un modo de atención centrado en la persona mayor y se doten los medios necesarios para lograrlo. Además, es importante controlar y regular los movimientos especulativos de las grandes empresas sobre el sector residencial, que han convertido una actividad de cuidado de personas en un negocio altamente lucrativo para los fondos de inversión, empresas inmobiliarias o de seguros (Vélez, 2020). Se podrían condicionar los contratos públicos a quienes usen estas prácticas y redirigir el dinero público hacia quienes generen bienestar común real.
Se quedaría coja esta revisión de medidas si no se comentase el necesario apoyo financiero al SAAD. Tal como estudios previos de la Asociación de Directoras y Gerentes de servicios (2020) sociales han venido mostrando, sin esas inversiones no disminuirá el “limbo de la dependencia” (miles de personas dependientes esperando cerca dos años para obtener la ayuda que les habían concedido), ni será posible la necesaria diversificación de los servicios sociales (con mayores desarrollos de servicios intermedios y no tan caros como los centros de días o la ayuda/cuidado domiciliario). Esta falta de cobertura y de ejecución de servicios sociales redundan en problemas sobre las personas mayores y sus familias, problemas dramáticos que también se han evidenciado con el COVID-19. No se conocen cifras oficiales de los afectados porque se trata de los olvidados del sistema, pero representan otro elevado número de personas mayores muertas, descubiertas por los bomberos en sus domicilios, y que han fallecido sin la ayuda social ni sanitaria correspondiente. Nuevas actuaciones se han puesto en marcha para estas personas (Ministerio de Asuntos Sociales, 2020), pero para algunos todavía no llegan o llegaron tarde. De no reconocer la importancia de los servicios sociales y reforzarlos con recursos sanitarios necesarios se podrá añadir a la crisis sanitaria una crisis humana y social.
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Otros trabajos de la autora en Envejecimiento en Red:
–Nuevas vías de concertación social y su efectos sobre las residencias de personas mayores
–Estimación de costes en residencias
–Instrumentos de financiación y gestión en residencias de personas mayores
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Bibliografía:
Abellán García, A; Aceituno Nieto, M. P. Y Ramiro Fariñas, D. (2019). “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de abril de 2019”. Informes Envejecimiento en red, nº 24. Madrid: CSIC. http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-estadisticasresidencias2019.pdf
Bocanegra, R. (2020). “El coronavirus hace estragos en las residencias de mayores: más de 8.000 muertos”, Público, 8 de abril. https://www.publico.es/politica/coronavirus-estragos-residencias-mayores.html
Fundación Edad & Vida, (2015). Perfil sanitario de las personas ingresadas en centros residenciales. Madrid: Senda Editorial.
Fundación Edad & vida, (2019). Atención Sociosanitaria y Asistencia Farmacéutica en Centros Residenciales. Madrid: Senda Editorial.
Jiménez, S. y A. Viola (2019). Observatorio de la dependencia. Tercer informe. Madrid: FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2019-42.
Ministerio de Asuntos sociales y Agenda 2030. (2020). Documento técnico de recomendaciones para responsables políticos y personal directivo de servicios sociales de atención primaria ante la crisis por COVID-19. Secretaria de Estado de Derechos sociales. 6 de abril 2020.
Ramírez Navarro, J.M. (2020a). “Heroínas sociales”, El País, 25 marzo. https://elpais.com/sociedad/2020-03-24/heroinas-sociales.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR02zlRSK_CBZ9e8wEfLgQsDdGKYLtd89i0fvkYjZq2fyJZPurd8FQlHu2I
Ramírez Navarro, J.M. (2020b). “A tiempo deparar la crisis social”, El País, 8 abril. https://elpais.com/sociedad/2020-04-08/a-tiempo-de-parar-la-crisis-social.html
Ramírez, J.M. y García, G. (2020). XX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Asociación de Directoras y gerentes de servicios sociales https://www.directoressociales.com/documentos/dictamenes-observatorio.html
Sevillano, E.G. (2020). “Intermediarios, comisionistas y precios inflados: así es el “zoco” chino en el que compra la sanidad española”, El País, 12 de abril. https://elpais.com/sociedad/2020-04-11/intermediarios-comisiones-y-precios-inflados-el-zoco-del-material-medico.html
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). (2020). “Plan de actuación único para coronavirus y residencias de ancianos y centros sociosanitarios”, Comunicado de la SEGG de 18 marzo 2020.
Sosa Troya, M. (2020a). “Al menos 3.600 personas han muerto en residencias de mayores por el coronavirus”, El País, 3 de abril. https://elpais.com/sociedad/2020-04-03/al-menos-3500-personas-han-muerto-en-residencias-de-mayores-por-el-coronavirus.html
Sosa Troya, M. (2020b). “El Gobierno apremia a intervenir residencias con un incremento “no esperado” de muertes”, El País, 5 de abril. https://elpais.com/sociedad/2020-04-05/el-gobierno-apremia-a-intervenir-residencias-con-un-incremento-no-esperado-de-muertes.html
Vélez, A.M. (2020). ”Fondos, aseguradoras, ladrillo y grandes fortunas: los amos de los mayores grupos de residencias de ancianos en España”, El diario.es, 8 de abril. https://www.eldiario.es/economia/Capital-aseguradoras-ladrillo-residencias-Espana_0_1014549544.html